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Historia del Proyecto sobre los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados 

El Comité de Abogados de Washington estableció el Proyecto en el año 1978, con el nombre original de Proyecto sobre los Derechos de los Inmigrantes (Alien Rights Law Project); cambiándose posteriormente el nombre al Proyecto sobre los Derechos de Asilo y de los Refugiados (Asylum and Refugee Rights Law Project). Cuando el Proyecto fue fundado, casi no existían servicios legales pro bono para los no ciudadanos que enfrentaban problemas de violaciones a sus derechos civiles con base en su origen nacional o estatus migratorio. Tal como ocurrió con los otros proyectos del Comité de Abogados, el Proyecto sobre los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados, siendo el nombre por el cual es conocido actualmente, movilizó los recursos voluntarios de la barra de abogados privada para trabajar sobre las necesidades de sus clientes. En los años que han seguido, el Proyecto ha utilizado los talentos de varios miles de abogados voluntarios para trabajar en una gama amplia de cuestiones afectando los derechos legales básicos de los inmigrantes y los refugiados en este país. Lo siguiente representa algunos de los éxitos del Proyecto:

Comisión Especial del Senado de los Estados Unidos sobre las Políticas relacionadas con la Inmigración y el Refugio 

Empezando en el año 1980, el Proyecto juntó a un grupo de abogados y científicos sociales, con el apoyo de la Fundación Ford, para preparar trabajos de investigación sobre las políticas públicas asociadas con cuestiones de inmigración con el fin de ser utilizados por la Comisión Especial del Senado de los Estados Unidos sobre las Políticas relacionadas con la Inmigración y el Refugio. Los trabajos presentados por el Proyecto, en relación con temas tales como las sanciones sobre companías que emplean a los inmigrantes, propuestas para tarjetas nacionales de identificación y la posibilidad de una amnistía, tuvieron un impacto importante en el proceso de toma de decisión de la Comisión y en su informe final. 

Refugiados Haitianos  

A principios de los años 80, el Proyecto tomó un rol de liderazgo, como representante legal, en el primer juicio importante cuestionando la denegación del debido proceso a los haitianos que salieron de su país en barcos. El juicio tuvo como resultado una sentencia de suma importancia como precedente - Haitian Refugee Center v. Civiletti, 676 F.2d 1023 (5th Cir. 1982). La decisión determinó que las posiciones de nuestros clientes fueron correctas en casi todos sus aspectos.

Varios años más tarde, nuevamente con el apoyo de la Fundación Ford, el Proyecto ofreció ayuda en sus trámites ante la Junta de Apelaciones en Inmigración (Board of Immigration Appeals - "BIA") a centenares de haitianos que aplicaban para el asilo político. Como parte de estas actividades, abogados voluntarios asociados con el Proyecto trabajaron directamente con organizaciones enfocadas en los derechos de los inmigrantes y con abogados particulares que trabajan en cuestiones de inmigración en todos los Estados Unidos. Por ejemplo, el Proyecto trabajó con abogados pro bono para preparar modelos de memoriales legales en relación con las cuestiones legales que más afectaban a los haitianos para el uso de sus abogados en Washington D.C. y en otras partes del país. 

Sanctuario para los Etíopes  

Empezando en el año 1982, el Proyecto encabezó una campaña exitosa para lograr el estatus de Salida Voluntaria Extendida (Extended Voluntary Departure) para miles de Etíopes quienes habían buscado sanctuario en los Estados Unidos debido a la sangriente guerra civil que se desarrollaba en su país.

Ley de Reforma y Control de Inmigración 

Después de ejecutar esfuerzos de "advocacy" importantes durante la consideración y adopción de la Ley de Reforma y Control de Inmigration de 1986 ("IRCA"), el Proyecto concentró sus recursos en los siguientes temas relacionados: 

  • Ayuda directa, a través de su "network" de abogados pro bono, a diez mil personas que aplicaron para la amnistía.
  • Iniciación de un caso, eventualmente exitoso - el llamado caso de "conocido para el gobierno" o Ayuda - que cuestionó la interpretación excesivamente estricta de una sección clave de la ley, resultando en la denegación de la posibilidad de obtener amnistía para muchas personas. El caso, Ayuda v. Thornburgh, 687 F. Supp. 650 (D.C. Cir. 1988), estuvo tramitándose en los tribunales durante más de seis años y eventualmente permitió que 50,000 personas obtuvieran el derecho a permanecer en los Estados Unidos. 
  • Publicación de una serie de manuales legales que explicaron las disposiciones de IRCA sobre la no discriminación y la amnistía. Estos manuales fueron repartidos ampliamente en todo el país y fueron utilizados tanto por centenares de organizaciones locales y nacionales como por numerosos abogados pro bono.

Coalición de Organizaciones Comunitarias (CAIR) 

En el año 1988, el Proyecto estableció una coalición de organizaciones comunitarias, compuesta por más de 60 organizaciones étnicas, religiosas y de servicios legales y sociales, que funcionaban en el área metropolitano del Distrito de Columbia. El Proyecto funcionó como el brazo administrativo y como el representante legal para la Coalición durante 11 años. 

Actualmente la Coalición existe como una entidad independientemente incorporada con el nombre de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes en el Area de la Capital (Capital Area Immigrants' Rights Coalition - "CAIR"). El Proyecto provee todavía apoyo administrativo y legal a la Coalición y participa en actividades de "advocacy" hacia las políticas públicas de inmigración conjuntamente con la Coalición y sus organizaciones miembros. Conversaciones sostenidas en las reuniones mensuales de la Coalición forman la base para el diseño de posiciones consensuadas que posteriormente son presentadas en las reuniones mensuales celebradas con la Oficina de Distrito y con la Oficina Regional para Asilo Político del INS. 

Foro Nacional de Inmigración 

A nivel nacional, el Proyecto tuvo una influencia importante en la creación del Foro Nacional de Inmigración en la primera parte de la década de los 80 y sigue participando activamente en el trabajo de dicha organización. El primer presidente del Foro, Rick Swartz, llegó a su posición desde el puesto de Director del Proyecto sobre los Derechos de Asilo y de los Refugiados del Comité de Abogados. 

Fuerza de Tarea para los Derechos Civiles de los Latinos 

En el año 1991, se le pidió al Proyecto fungir como representante legal de la Fuerza de Tarea para los Derechos Civiles de los Latinos, una organización establecida por líderes comunitarios en respuesta a varias noches de manifestaciones en la zona de Mount Pleasant en Washington, D.C. En nombre de la Fuerza de Tarea, el Proyecto organizó un equipo de firmas de abogadas con trayectorias importantes y trabajó con dicho equipo para preparar informes y testimonios comprensivos sobre el estatus de los Latinos en el Distrito de Columbia. 

Dichos informes documentaron cuidadosamente problemas graves en relación con el acceso a servicios del gobierno local, la vivienda, el empleo, la educación y la recreación, los abusos policíacos y las relaciones comunitarias y ciertos aspectos del sistema de justicia penal. Los informes recibieron mucha publicidad y constituyeron la base de testimonio presentado en las audiencias celebradas en enero de 1992 por la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos. La Comisión emitió un informe en el año 1993, adoptando casi todas las conclusiones y recomendaciones presentadas en el testimonio de la Fuerza de Tarea. 

Reformas para los Latinos 

En su rol como representante legal de la Fuerza de Tarea para los Derechos Civiles de los Latinos, el Proyecto trabajó para garantizar la implementación de la agenda de reforma que ésta promulgó. El Proyecto y la Fuerza de Tarea cumplieron con metas significativas ayudando a resolver algunas preocupaciones de la comunidad. Por ejemplo, el Proyecto: 
• Bloqueó esfuerzos para reducir programas bilingues y de ESL en las escuelas públicas del Distrito de Columbia, y
• Mejoró los canales de comunicación con la policía y otros agentes de seguridad pública. 

Poblaciones Vulnerables 

En el año l998, el Proyecto empezó a trabajar con un grupo local de liberianos afiliado con una organización nacional que representa a miles de Liberianos. El propósito de este trabajo en conjunto es buscar una solución permanente para los miembros de esta comunidad, muchos de los cuales han residido en los Estados Unidos con un estatus migratorio temporal desde que estalló la guerra civil en Liberia en la primera parte de la década de los 90. El Proyecto ofrece información técnica al grupo para ayudarlos en su campaña. 

El Proyecto también continúa difundiendo información actualizada sobre el programa de Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status) del INS. Este programa establece cierta protección temporal para los Liberianos y para otras poblaciones tales como las de Nicaragua, Honduras, Sudán, de Burundi y de Sierra Leone. Asimismo, el Proyecto ha encabezado campañas para lograr el Estatus de Protección Temporal para otros grupos, por ejemplo los guatemaltecos.
American Immigration Lawyers Association (AILA) v. Reno.

Wood v. Reno; American Immigration Lawyers Association (AILA) v. Reno
(No. 98-5463,64, 65, D.C. Circuit. Jan. 11, 2000) 
En el año 1997, el Proyecto y un co-representante legal, la Fundación para el Derecho Americano de Inmigración (American Immigration Law Foundation), presentaron un juicio en contra de la implementación por el INS de una nueva disposición, aprobada como parte de la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996 (Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996), que permite la deportación expedita de personas. La firma de Fried, Frank, Harris, Schriver & Jacobson fungió como el principal representante legal en el caso. De conformidad con la nueva ley, inspectores del INS en los puertos de entrada a los Estados Unidos pueden concluir, a través de un proceso sumario en el mismo aeropuerto, que son inadmisibles y excluibles personas que están llegando al país, aunque sean ciudadanos, residentes permanentes o otras personas con visas legítimas, con base en alegadas irregularidades con su estatus migratorio. Las personas que son devueltas a sus países bajo este proceso tienen una prohibición legal que les prohíbe volver a entrar en los Estados Unidos durante un período de cinco años. El caso fue acumulado con dos casos adicionales que también cuestionaban la implementación por parte del INS del programa de deportación expedita. En agosto de 1998, la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos decidió el caso en contra de los querellantes, encontrando problemas de procedimiento, incluyendo falta de jurisdicción y falta de personalidad jurídica para enjuiciar, y rechazando también los argumentos de los querellantes sobre los méritos. En enero de 1999, la Corte Federal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la decisión de la Corte de Distrito. Estas sentencias de los tribunales federales significan, desafortunadamente, que el INS puede ahora operar su sistema de deportación expedita sin escrutinio judicial adicional.